Viernes, 24 de Noviembre de 2017
Opinión
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De hoz y coz en el mapa de la corrupción
 
Pedro Vicente
Periodista
3 de Mayo de 2017
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Hace dos años, en abril de 2015, Juan Vicente Herrera se jactó ante el pleno de las Cortes de que Castilla y León no figuraba en el mapa de la corrupción española. En un político tenido por prudente, tal afirmación resultaba ciertamente osada, ya que faltaba groseramente a la verdad histórica.

En un post titulado "Herrera y sus golpes de pecho ante la corrupción”, desde aquí tuvimos que recordarle al desmemoriado presidente el largo capitulo de casos turbios en los que se ha visto envuelto el gobierno de esta comunidad autónoma en sus mas de tres décadas de existencia. Un negro historial que comenzó con el llamado "caso de la minería”, de resultas del cual el Tribunal Supremo condenó por un delito de prevaricación continuada a Miguel Pérez Villar, el que fuera consejero de Economía en el gobierno autonómico presidido por José María Aznar.

Pese a corresponderse con su etapa en la presidencia de la Junta, Herrera no se sentía concernido por las conexiones del "caso Gúrtel”, en cuyo auto de apertura de juicio oral el juez Ruz describe las influencias ejercidas por la trama sobre distintos cargos públicos de Castilla y León "para obtener adjudicaciones públicas a cambio de gratificaciones en efectivo”. Ni tampoco por la "operación Púnica”, en el transcurso de la cual fue detenido en su propio despacho e ingresado en prisión el entonces presidente de la Diputación de León.

Pero lo más sorprendente es que Herrera se permitiera excluir a Castilla y León del mapa de la corrupción cuando en ese momento seis altos cargos de su gobierno ya estaban imputados en la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción numero dos de Valladolid en relación con los multimillonarios sobrecostes pagados por el edificio denominado Perla Negra y los terrenos del inexistente parque empresarial de Portillo. Una actuación judicial emprendida a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que encontró indicios de todo un rosario de delitos en unas operaciones que habrían supuesto un quebranto de 50 millones de euros a las arcas de la comunidad.

Y no eran estas turbias operaciones perpetradas por las empresas publicas Gesturcal y ADE Parques los únicos casos de corrupción que planeaban sobre la consejería de Economía, al frente de la cual permanecía Tomás Villanueva, nombrado por Herrera en el año 2003. Pocas fechas antes, el diario "El País” había desvelado un informe de la Agencia Tributaria que detectaba la llamada "trama eólica”, el suculento negocio organizado en torno a la concesión de los parques eólicos de la comunidad. Un informe del que Hacienda dio traslado a la Fiscalía Anticorrupción, que, tras dos años de diligencias, ha presentado una querella criminal por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo y delito fiscal contra 21 personas implicadas en una trama que ha producido un enriquecimiento ilícito cifrado en 80 millones de euros.

La querella, dada a conocer el pasado sábado por el digital El Confidencial, sitúa en el epicentro de dicha trama al ex viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, y al ex director de Excal, Alberto Esgueva, ambos asimismo investigados por el doble caso Perla Negra-Portillo.

Según la querella, tras atribuirrse irregularmente la facultad última de autorizar los parques, entre 2005 y 2011 Delgado condicionó su concesión favoreciendo presuntamente los intereses del entramado empresarial de Esgueva y otra serie de empresas, entre ellas varias filiales de Iberdrola. Los damnificados por la discrecionalidad de las concesiones eran otros promotores, que se veían forzados a ceder participación a determinadas sociedades a cambio de que sus proyectos fueras desbloqueados. Uno de estos promotores"extorsionados” denunció su situación al presidente de la Junta, sin obtener respuesta alguna.

Mediante su alianza con una de estas filiales, el ex director de Excal obtuvo una plusvalia superior a los 47 millones de euros, un beneficio que Anticorrupción califica como "desproporcionado, carente de justificación económica y ajeno a toda lógica empresarial”. Junto a cuatro directivos vinculados a Iberdrola, entre los querellados figuran los hermanos Llorente Muñoz, propietarios de la constructora Collosa, habitual en las adjudicaciones de obra pública de la Junta.

La querella de la Fiscalía Anticorrupción se ha conocido dos días después de que Juan Vicente Herrera calificara de "autentica cabronada” los casos de corrupción política, lamentándose en primer persona del daño que producen "a los miles de militantes que no nos resignamos a que las siglas del PP se identifiquen con la corrupción”. Pero lo cierto y verdad es que ya tiene en los Juzgados dos casos de corrupción pura y dura urdidos y perpetrados durante su etapa al frente de la presidencia de la Junta, por el primero de los cuales, Perla Negra-Portillo, va a tener que testificar próximamente la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo.

La actuación de Herrera ante ambos casos no se compadece con la de ese gobernante que se rasga las vestiduras y se da tantos golpes de pecho contra la corrupción. Y desde luego contrasta abiertamente con la mantenida sobre el caso del Canal de Isabel II por Cristina Cifuentes, quien ha anunciado que la Comunidad se personará en el caso como acusación particular.

Además de mantener en sus puestos a los seis altos cargos investigados y proporcionarles asistencia jurídica, la Junta no se ha personado en el caso Perla Negra hasta que estalló el escándalo añadido del contrato sobre mobiliario y señalética adjudicado en 4,4 millones de euros a la empresa Unifica, casualmente la misma que cobró en negro la reforma de la sede del PP en la calle Génova. Y no parece que se haya personado para ejercer la acusación, sino justamente para lo contrario. A lo cual se añade el impúdico bloqueo por parte del PP de la comisión parlamentaria constituida precisamente para investigar en las Cortes la "trama eólica” y el doble caso "Perla Negra”-Portillo, paralizada hace más de un año, justo a raíz de que la oposición solicitara la comparecencia ante la misma del propio Herrera.

Si el presidente de la Junta no lo tenía aún claro, la Fiscalía Anticorrupción ha colocado ya por dos veces a Castilla y León en el mapa de la corrupción. Lo cual, desde luego es toda una cabronada para los presuntos corruptos investigados y para los que se afanan sin mucho disimulo en encubrirles.
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