Viernes, 28 de Abril de 2017
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Demanda de los municipios turísticos
 
Salvador García Llanos
Periodista y escritor
27 de Marzo de 2017
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Disponer de una financiación suficiente que permita afrontar a las corporaciones locales la facturación de gastos por la prestación de servicios como consecuencia de la actividad turística. El planteamiento está hecho desde hace muchos años, décadas, pero sigue vigente, según se desprende de los contactos mantenidos por el presidente de la comisión de Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Palma, José Hila; y el secretario general de la entidad, Juan Ávila, con la secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asían, para tratar asuntos relacionados con la promoción y la gestión de esta materia en las localidades turísticas. El municipalismo, en efecto, sigue quejándose de una financiación insuficiente, de recursos escasos para atender obligaciones ante las que se ven desbordados, especialmente en determinadas épocas del año.

Ha pasado el tiempo y se reproduce la reivindicación, que no es gratuita, como podriamos hablar por propia experiencia. El lamento estriba en que sucesivos gobiernos y varios ministros, de distinto color político, no han podido siquiera acercar una solución mínimamente satisfactoria.

Las soluciones no son fáciles, desde luego. Pero se nota que hay un estancamiento difícilmente salvable. Comoquiera que el asunto tiene mucho que ver con una reforma tributaria, es como si a las partes asustaran el diálogo y la necesaria negociación con tal de acercar posturas y encarar una solución, siquiera de mínimos. De ahí la importancia de la interlocución, no solo por la perseverancia sino por el necesario entendimiento. Aunque los ayuntamientos españoles presentan una situación más desahogada, o al menos han reducido sus deudas, lo cierto es que continúan demandando inyecciones económico-financieras que les permitan mejorar sus niveles inversores y, sobre todo, prestar servicios de calidad. En la ciudades turísticas, pongamos por caso.

Un criterio de la lucha histórica del municipalismo en esta materia es el de la población flotante o población asistida, es decir, el número de visitantes que se aloja anualmente en sus establecimientos. Población que precisa de servicios básicos pero también de los relativos a transportes, seguridad, consumo, limpieza y sanidad. Los empresarios no quieren saber nada de más tasas, aunque fuera reducida y tuviera un carácter finalista, aplicable desde la máxima transparencia.

Así las cosas, alcaldes y ediles de Hacienda tendrán que rebuscar en otras figuras impositivas. De hecho, en esa reunión entre la FEMP y la secretaría de Estado, se habló de un Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) especial, aplicable a los pisos de alquiler turísticos. "Se trata de disponer de herramientas para que el IBI se pueda adaptar a la actividad económica del municipio y los ayuntamientos no estn abocados a vivir de la construcción”, comentó José Hila.

De forma colateral, los responsables municipalistas sugirieron que para garantizar uno de los factores anteriormente citados, la seguridad, se permitiese a los ayuntamientos ampliar la plantilla de la policía local, si bien es verdad que esta medida incrementaría el Capítulo I (Personal) de los Presupuestos Generales y el incremento de gasto atenazaría el funcionamiento económico-financiero de muchos ayuntamientos.

En cualquier caso, los dirigentes de localidades turísticas están en su derecho de reivindicar y de esmerarse en la búsqueda de soluciones para que las obligaciones presupuestarias y la asunción de gastos aumentados por una razón como la señalada, encuentren una vía de salida sostenible. Está en juego, en buena medida, el prestigio y la calidad del del propio destino.
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