Martes, 28 de Marzo de 2017
Nacional
La historia de una estafa inmobiliaria en el sureste de Madrid
REDACCIÓN | 24 de Abril de 2013
3 comentarios
Las 15.000 familias afectadas por el desarrollo urbanístico de El Cañaveral, Los Ahijones, Los Berrocales y Los Cerros llevan años luchando en los tribunales para recuperar su dinero o su vivienda.

Estos desarrollos urbanísticos se encontraban recogidos dentro del (PGOUM) Plan de Urbanismo de 1997 del Ayuntamiento de Madrid. Desde aquel momento han pasado 15 largos años y desde entonces ni uno solo de los cooperativistas han recibido su vivienda, es decir, 15.000 afectados están sin casa y sin dinero a día de hoy.

Los afectados explican que el problema radica en tres vectores muy importantes: las gestoras, las compañías aseguradoras y las cajas de ahorro. "Las cooperativas no eran tales, sino que eran promociones encubiertas controladas por gestoras con un desmedido afán de lucro”.

Al parecer, estas gestoras se encargaban de captar clientes (supuestos cooperativistas), que abonaban religiosamente sus cuotas esperando que al final del periodo acordado podrían ocupar sus viviendas, que ni siquiera han llegado a construirse en la inmensa mayoría de los casos. Estas gestoras desviaron tal cantidad de dinero de forma fraudulenta que causaron la quiebra del proceso cooperativo y dejaron a las cooperativas en suspensión de pagos. Este hecho está probado en las diversas causas abiertas en los juzgados.

Con respecto a las aseguradoras, cobraban todos los años cantidades astronómicas por las pólizas que garantizaban que el dinero iba destinado a la construcción de viviendas, pero cuando se ha destapado la estafa, se han negado a devolver las cantidades aseguradas alegando unas condiciones de la póliza inventadas y alegales que los juzgados (con mucho esfuerzo de los cooperativistas y la de sus abogados) están empezando a derribar.

Con respecto a las cajas de ahorros que prestaron el dinero, estas se limitaron a abonar unas cantidades para la compra sin ningún tipo de control ni la supervisión obligada legalmente y ahora con las cooperativas en suspensión de pagos van a quedarse con todos los terrenos.

Este problema no es aislado, pues es un problema que ha afectado a multitud de cooperativistas en toda España. Solo en Madrid es bien conocido el caso de Getafe y Moraleja de Enmedio, además del que ocupa estas líneas. En el resto de España hay otros casos: en Murcia, en Zaragoza, en el País Vasco, etc. En fin, miles y miles de personas que se han visto afectadas por casos clarísimos de estafas mediante la promesa de viviendas a precios asequibles, que no baratos.

En el caso concreto de los cooperativistas del sureste de Madrid, cuando se dieron de alta en las 13 cooperativas que se crearon a partir de 1997, todas estaban debidamente constituidas e inscritas en el Registro de Cooperativas de la Comunidad de Madrid. Así, tenían una póliza de seguro suscrita con las aseguradoras HCC Europe y ASEFA, asegurando todas y cada una de sus aportaciones. En el Ayuntamiento de Madrid figuraban en los planos de los desarrollos calles, plazas, zonas verdes, etc. Planos por otro lado que podían comprarse en el Ayuntamiento (calle Paraguay, nº 13). Hoy, los bienes de las cooperativas están en concurso de acreedores.

Los cooperativistas abonaron cantidades que van desde los 30.000 a los 90.000 euros, en muchos casos teniendo que recurrir a préstamos personales para abonar los plazos o a la ayuda de familiares y siempre con gran esfuerzo personal y dedicando casi todos los ingresos.

Las gestoras como Ofigevi, Gespozuelo, Gesplavi, TAU, GVA… etc., constituyendo casi siempre negocios familiares, de padre e hijos, lanzaban sus "promociones encubiertas” bajo el disfraz de cooperativas. Los representantes de Ofigevi y Gespozuelo son M.T.V. (padre), A.T.P. y R.T.P. (hija e hijo). "Su empresa y el personal comercial realizaban la labor de captación de clientes, organizaban unas primeras juntas rectoras con su propio personal (no cooperativistas) y así manejaban a su antojo las decisiones de las asambleas”. Mediante supuestos intermediarios (ahora demostrado que nunca existieron) estos gestores se embolsaron millones de euros alegando que habían mediado en la compra-venta del terreno y con las cantidades abonadas en concepto de gestión. Para algunos de ellos, como el padre, está solicitada prisión provisional y el embargo de bienes.

Las aseguradoras HCC Europe y ASEFA, que hicieron un seguro que no era el mínimo exigido por Ley 57/68, cobraban cantidades astronómicas. Los cooperativistas pagaron por el seguro más de 10 millones de euros y ahora no reconocen el siniestro.

Cajas de ahorros y bancos otorgaron hipotecas para la compra de terrenos sin ningún control ni supervisión, las ya desaparecidas Caja Madrid, Caja España, etc.. "Nunca debieron abrir unas cuentas para las cooperativas sabiendo que el seguro que había suscrito no es el requerido por Ley”, reclaman los afectados.

Desde el año 2008 están organizando manifestaciones y concentraciones ante las instituciones que, o bien han sido parte o han bien consentido esta estafa. "En el año 2011 y con el afán de hacer más visible nuestra causa nos acampamos en la plaza de Atocha (Cuesta de Moyano) el 1 de mayo. Ni que decir tiene que tuvo mucha repercusión hasta el día 15, fecha en la cual se produjo la acampada masiva del 15 M en la Puerta del Sol y con la cual nos solidarizamos”.

Desde la Asociación de Cooperativistas Afectados del Sureste, A.C.A.S., llevan muchos años solicitando la ayuda del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, el Ministerio de la Vivienda (ahora integrado en Fomento), el Ministerio de Justicia, la Casa Real, el Registro de cooperativas y el Defensor del Pueblo. Ellos mismos reconocen en sus escritos que llevan haciendo investigaciones desde el 2004 pero todavía no han encontrado nada.

Los cooperativistas denuncian que ninguna de estas instituciones se ha dignado en recibirles y han hecho oídos sordos al problema hasta la fecha de hoy, en la que ya acumulan varias victorias en las causas judiciales que les reafirman en su lucha.

Centrándonos en la parte judicial del caso las causas más avanzadas son las abiertas en contra de Ofigevi y Gespozuelo. Se lleva desde el año 2009 en el Juzgado de Instrucción nº 43 de Madrid y todavía se encuentra en fase de instrucción por la tremenda trama que M.T.V. y sus hijos tenían supuestamente urdida.

En junio de 2011 se solicitó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que habilitara un Juzgado Bis exclusivo para el caso con el fin de acelerar el proceso de instrucción y conseguir la solución de esta situación en la que se encuentran atrapadas casi 15.000 familias de Madrid, sin casa y sin dinero. El proceso de instrucción actualmente sigue en curso, cuatro años después.

Los afectados por la estafa afirman que tampoco el fiscal del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, Conrado Santiago Sainz, está cumpliendo con su función de defensa del interés público y la legalidad a que su cargo le obliga. Pero, sin embargo, los cooperativistas critican la "prisa” por la que se han decantado la Fiscalía en la defensa de la infanta Cristina. "Un solo día después de la imputación ya no tiene que declarar y nosotros, 15.000 familias sin casa y sin dinero, llevamos años reclamando. No, la ley no es igual para todos, por mucho que diga la Constitución, eso bien lo sabemos los cooperativistas del sureste de Madrid”, afirman.

ABANDONADOS, IGNORADOS E INDIGNADOS

Así es como se sienten los cooperativistas. "Sólo queríamos una casa, no podíamos pagarla de renta libre y a través del IVIMA a muchos de nosotros nos la denegaron, pero apareció una opción que llegó al buzón en un panfleto: Los nuevos barrios en el Sureste de Madrid que albergarían más de 22.000 familias cada uno. Jamás pensamos que en vez de a una cooperativa a lo que nos estábamos apuntando era una estafa urdida por unos sinvergüenzas, a la estafa de unas aseguradoras, nos apuntábamos a que bancos y cajas no cumplieran la Ley para la apertura de cuentas de cooperativas, nos apuntábamos a un proceso judicial de años, nos apuntábamos a tener que estar en la calle reivindicando nuestros derechos, nos apuntábamos a estar muchas noches sin dormir, a derramar muchas lágrimas. Nos apuntábamos a quedarnos sin casa y sin dinero.

Los afectados alegan que la única institución que les ha atendido es la Dirección General de Seguros, pero la directiva actual, pues la anterior directiva tenía un posicionamiento claro a favor de las aseguradoras. Ahora, junto con la directora general de la mencionada institución, están luchando para exigir que las aseguradoras sean solventes y puedan recuperar su dinero si los tribunales así lo dictaminan.

Aseguran que hasta ahora van por buen camino, pues ya tienen 7 sentencias a su favor en segunda instancia, 6 de la Audiencia Provincial de Madrid y 1 de la Audiencia Provincial de Murcia. Pero denuncian que a cada paso que dan, tienen que abrir otro frente: en la Audiencia Provincial, en concreto la Sección 14 de la Audiencia Provincial de Madrid dictó una sentencia hace unos meses condenando a cooperativistas a devolver el dinero a la aseguradora ASEFA.

Este caso ha supuesto la ruina económica, moral y psicológica de 15.000 familias de Madrid y puede suponer la de muchos más cooperativistas en toda España si no se acaba con la estafa de las aseguradoras y el abandono que sufren por parte de todas las instituciones del país. Un país que necesita una profunda transformación en muchas facetas, pero en la gestión de la vivienda es necesario acabar con esta nefasta actitud de las instituciones y la impunidad de los estafadores.
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3 Comentarios 1
Anónimo | 27/04/2013 17:45:39 #3
un gravisimo caso de la lamentable actividad especulativa y delictiva q cometen la mafia de la construccion bajo la complicidad de politicos y banqueros. ¿hasta cuando se lo vamos a permitir? Por cierto, los nombres de los directores de las gestoras estafadoras son: (MTV) MIGUEL TORRALBO VIOQUE Y SUS HIJOS (ATP) AMANDA TORRALBO POZUELO Y (RTP) RAFAEL TORRALBO POZUELO. Un ultimo dato: La sentencia q hace poco se ha perdido en la audiencia provincial sala 14, supone devolver el dinero q les quitaron a 50 cooperativistas de nuevo a las arcas de la multinacional aseguradora ASEFA, y curiosamente el juez q la dicto (PABLO QUECEDO ARACIL) es hermano de uno de los mas notables abogados de ASEFA (RAFAEL QUIECEDO ARACIL) Mas informacion para apoyar la lucha de este colectivo en: www.acasureste.com
Anónimo | 25/04/2013 14:38:26 #2
necesitamos que la justicia sea justa y que actue con la misma rapidez para todos. hay muchas familias las que confiamos y dimos nuestro dinero . queremos soluciones por favor
Anónimo | 25/04/2013 09:51:06 #1
Una autentica estafa de la que no se escucha nada en las noticias, BASTA YA DE POLITICA Y POLITICOS, BASTA YA!
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