Sábado, 16 de Febrero de 2019
Nacional
Los pueblos vienen a Madrid para debatir sobre la ‘Ley Montoro’ y buscar alternativas
REDACCIÓN | 8 de Abril de 2013
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La supresión de municipios supondría un ahorro mínimo con un impacto máximo para el mundo rural y las raíces culturales de toda la sociedad.

Miles de pequeños pueblos con siglos de historia y modos de vida propios podrían desaparecer con la llamada ‘Ley Montoro’ de reforma de la administración local.

El Anteproyecto para la racionalización de la administración local lograría un "ahorro mínimo” con la supresión de entidades locales, pero su impacto sería enorme, según varios colectivos y partidos políticos. Representantes del mundo rural, académicos y estudiosos se reunieron este fin de semana en Madrid para debatir los impactos de la ley. Las Jornadas por la Autonomía de nuestros pueblos propusieron alternativas y planes de acción.

Plataforma Rural, que reúne a decenas de esos colectivos, organizó unas jornadas que dieron comienzo el viernes con una visión panorámica de la importancia de los bienes comunales. Catedráticos e investigadores de Sevilla, Navarra y Madrid participaron en una mesa redonda centrada en historia, la ecología y la economía de los bienes comunales puestos ahora en cuestión. Y es que nada menos que 3.200 entidades menores y 1.024 mancomunidades serían desmanteladas con el Anteproyecto, por lo que sus habitantes temen perder el control de las tierras comunales que han gestionado durante siglos y de los servicios públicos.

El argumento del ahorro fue también debatido en las jornadas. La ‘ley Montoro’ pretende reducir gastos en más de 7.000 millones. Pero sólo un 1% de esa cantidad, 72,8 millones, corresponde a la supresión de entidades menores y mancomunidades. "Un porcentaje mínimo con un impacto máximo para el mundo rural y para las raíces de toda la sociedad”, aseguran desde la Plataforma Rural.

Algunas voces ya señalaban en 2010 que el Estado se podría embolsar 21.000 millones de euros si vendía las 3,5 millones de hectáreas de tierras comunales que, con esta ley, quedarán en la cuerda floja. "Esas tierras no son de ningún Gobierno, sino de los pueblos y de las gentes que los habitan. No son una mercancía, sino la base de nuestra cultura y nuestra identidad colectiva”, señalan representantes de la Plataforma.

El riesgo de venta y privatizaciones de servicios públicos y bienes comunales fue también abordado por representantes de juntas y plataformas locales en los debates del sábado. Habitantes de pueblos de Castilla La Mancha y Castilla León, Galicia, Aragón o Euskadi contaron cómo viven la situación y propusieron actuaciones conjuntas que iremos conociendo en los próximos días.
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